miércoles, 13 de mayo de 2009

Entrevista a José Luis Castro Guillén, abogado del Turno de Oficio

«Los letrados de oficio nos vemos en la imposibilidad de preparar adecuadamente la defensa cuando el cliente está en una prisión ubicada fuera de la provincia»
El TS ordena repetir un juicio al no haber tenido el letrado de oficio la posibilidad de entrevistarse con su cliente en prisión (Sentencia del TS de 6 de febrero de 2009 --LA LEY 2660/2009--).El abogado José Luis Castro Guillén, recurrió en casación la sentencia al entender que la Audiencia Provincial vulneró el derecho de defensa de su patrocinado por «no haber tenido la defensa técnica posibilidad de entrevistarse con el acusado para preparar suficientemente el juicio oral con anterioridad al mismo». El acusado se encontraba preso fuera de la Comunidad de Madrid y la Audiencia desestimó la solicitud del letrado para que fuera trasladado a la jurisdicción de la Audiencia y poder mantener así una entrevista con su cliente. José Luis Castro Guillén ejerce el Derecho para la Administración Pública desde hace 20 años, los últimos 10 en estrados; y como profesional liberal desde 2005, año en el que se incorporó al Turno de Oficio.
1. ¿Es el primer fallo en este sentido?
Yo no he encontrado ningún precedente idéntico y además el Tribunal Supremo cuando resuelve la cuestión tampoco cita ninguno, luego no debe haberlo. Tengo conocimiento de una sentencia que resolvía sobre un caso parecido pero referido a la necesidad de poner a disposición del letrado un intérprete para que pueda preparar adecuadamente el juicio.
2. ¿Existe una habitualidad muy evidente de estas situaciones que le han llevado a su demanda ante los tribunales?
Sí, a los que servimos en el Turno de Oficio estas situaciones se nos dan todos los días. Los letrados nos vemos en la imposibilidad de preparar adecuadamente las defensas cuando el cliente está en una prisión ubicada fuera de la provincia. Es habitual en estos casos preparar el juicio como uno puede y luego, ya el día de la vista, media hora antes, entrevistarse con el cliente en el calabozo de la sede judicial; y eso es todo. Claro, salvo que por tus propios medios quieras desplazarte, a veces, al otro extremo del país.
En ocasiones es posible contactar por teléfono con el preso, pero no siempre porque tiene que ser él quien te llame, puesto que a los letrados no nos permiten el contacto telefónico por nuestra iniciativa. Y claro, la mayoría de las veces no te llaman porque muchos clientes, bien por razones culturales, por problemas de idioma, o por desidia no se comunican con su abogado. A veces hay que hacer la defensa incluso contra el propio cliente, porque ellos en muchos casos se despreocupan completamente. Pero también este tipo de clientes tienen derecho a la mejor defensa.
3. ¿Por qué delito estaba procesado su cliente?
Estaba procesado por tres homicidios, uno consumado y dos frustrados, y tres robos con violencia. El fiscal pedía una pena de prisión de 45 años
4. ¿Cómo fueron los intentos de comunicación con su cliente? ¿Qué inconvenientes se encontró por parte de las instituciones durante el procedimiento hasta la conclusión con el fallo del tribunal?
Los inconvenientes fueron todos. Yo fui al juicio, en el que se pedían 45 años de prisión por el Fiscal, sin haber podido hablar con el cliente más que unos minutos el día de la vista, y en la instrucción el día de la detención y el día de la indagatoria. Por tanto no pude preparar el juicio, no tuve ninguna facilidad.
Por otra parte si me pregunta por la intervención de las Instituciones tengo que referirme al Colegio de Abogados de Madrid como institución básica en la realización de la justicia. Yo formulé al Colegio una consulta antes de iniciar la serie de peticiones y recursos que llevé a cabo y el Colegio se encargó de dejarme claras, por escrito, dos cosas: Una que no tenía obligación de salir de la provincia de Madrid para ejercer la defensa encomendada; y dos, que podía llevar a cabo cuantas iniciativas creyera conveniente, con un criterio exclusivamente técnico mío. Y eso fue lo que me animó a continuar. Me sentí apoyado por mi Colegio, porque probablemente de otro modo no habría seguido adelante
5. Porque en este caso usted no podía desplazarse a visitar a su cliente ya que el centro penitenciario estaba fuera de la circunscripción de Madrid
El centro penitenciario estaba en Toledo y consideré que no estaba obligado a desplazarme; se trataba de una postura testimonial, de una reivindicación, pues estas situaciones se dan con mucha frecuencia en el ejercicio diario del Turno de Oficio.
Consideré que esta cuestión se tenía que plantear alguna vez y llevarla hasta la instancia que fuera. De hecho, en la vista de un artículo de previo pronunciamiento que planteé, informé a la Sala de que planteaba la cuestión, pese a conocer su criterio desfavorable, porque necesitaba una resolución judicial, precisamente para poder llevarla a otras instancias superiores. De todas formas creí siempre que tendría que llegar al Tribunal Constitucional. Afortunadamente no fue necesario.
6. ¿Y qué comunicación tuvo entonces con su cliente? Porque hubo un momento en el que sí le trasladaron al tribunal con sede en Madrid
Sí, fue trasladado a Madrid con diez días de antelación, ya para el juicio, pero no me comunicaron nada.
De hecho uno de los argumentos del Fiscal del Tribunal Supremo contra la estimación del recurso fue que diez días antes del juicio ya estaba el preso aquí para que yo hubiera podido entrevistarme con él. La Sala Segunda reprendió severamente al Fiscal acogiendo mis argumentos de que no fui informado de la presencia en Madrid del acusado y, además, de que la entrevista con el letrado era preceptiva en el trámite de calificación provisional, sin que una entrevista posterior tuviera virtualidad sanadora del grave defecto procesal cometido.
7. Entonces fue desidia por parte de las instituciones que no le notificaron el traslado de su cliente para el juicio con antelación suficiente...
Efectivamente, pero esto es lo habitual, es corriente que al abogado no se le comunique dónde se encuentra el cliente en cada momento; el preso puede ser trasladado de Madrid a La Coruña, y cuando tú le visitas un día, por ejemplo en el centro penitenciario de Soto del Real donde estaba, te dicen: «no está aquí, se le ha trasladado a La Coruña». Así es como te enteras.
En el caso, no se me informó, pero es que aunque lo hubieran hecho, ya no cabía subsanar el defecto, porque estábamos en el juicio oral. La entrevista personal con mi cliente se tenía que haber producido como muy tarde en el trámite de conclusiones provisionales, porque es ahí donde se prepara el juicio, donde se prepara la prueba. O sea, que aunque me hubieran avisado y yo me hubiera entrevistado con él diez días antes del juicio ya no había tiempo. El Tribunal Supremo así lo ha establecido.

8. ¿Cuáles son los argumentos que ha esgrimido en su escrito de recurso de casación?
Mis argumentos, de forma esquemática, se concretaron en dos: el primero que el derecho de defensa y el derecho a la asistencia de letrado que reconoce la Constitución exige que el letrado pueda entrevistarse con su cliente tantas veces como considere necesario, de manera muy especial en el trámite de calificación provisional, porque es ahí donde se propone la prueba, donde se prepara el juicio oral y se establece la estrategia de defensa.
Y el segundo argumento, que completa el primero, era que una vez designado el letrado del Turno de Oficio, éste viene obligado a poner toda su capacidad intelectual, todos sus conocimientos, toda su experiencia, toda su voluntad en la defensa, para que ésta sea la mejor posible o, al menos, la mejor que ese letrado sea capaz de dar al cliente. Pero a lo que no está obligado el abogado es a poner su propio patrimonio al servicio de la defensa. Allegar los fondos necesarios para la eficacia de la defensa y asumir su coste es una función que compete al Estado a través de sus administraciones y no al letrado.
Eso es lo que intenté hacer llegar en todo momento a la Audiencia Provincial con el resultado conocido, y eso es lo que luego trasladé al Supremo, también con el resultado conocido.
Respecto a los argumentos de la Audiencia, el primero fue absolutamente desconcertante. Yo inicié el asunto mediante un sencillo escrito que ponía de manifiesto que necesitaba hablar con el cliente, que se encontraba fuera de Madrid, y solicitaba del Tribunal que se adoptaran las medidas precisas. Ofrecía al Tribunal la alternativa de traerlo a una prisión de Madrid o de traerlo a la propia sede del tribunal. La Sala me contestó que no tenía competencia para determinar en qué centro penitenciario debía estar el interno, pues se trataba de una competencia de Instituciones Penitenciarias.
Ante esto, presenté un artículo de previo pronunciamiento por vulneración de derechos fundamentales: concretamente el de defensa. Incidente que la Audiencia desestimó con varios argumentos, a saber: el hecho de que el procesado esté ingresado en centro penitenciario fuera de la comunidad autónoma escapa a la decisión del Tribunal; el hecho de que el letrado no se desplace a dicho centro es una decisión suya, del propio letrado, en la que el Tribunal no tiene por qué entrar; el pago de los gastos del desplazamiento debe plantearse a la Administración y no al Tribunal.
Otro argumento era que el Turno de Oficio no es obligatorio; decía el auto: el abogado no quiere adelantar el importe el desplazamiento cuando es evidente que podría reclamarlo con posterioridad por vía de la tasación de costas o por la vía de la jura de cuentas, pero, digo yo, en un asunto del Turno de Oficio, ante un cliente que es un absoluto insolvente, ¿qué vas a reclamar? No puedes reclamar nada.
Y finalmente argumentaba la Sala que el letrado lo que pretendía era producir dilaciones en el procedimiento con sus pretensiones, sugiriendo que con esa actitud estaba perjudicando a su propio cliente. Esto a mí me dolió porque no era verdad pues, por principios y por formación, soy de los que considera que la función del abogado, entre otras, es de colaboración con la Administración de Justicia, no precisamente poner trabas, y mucho menos desde el Turno de Oficio, que no deja de ser una función institucional, aunque solo sea porque se financia con fondos públicos.
Debo hacer aún dos precisiones: primero, que el Fiscal, defensor de la legalidad, siempre ha defendido los argumentos de la Sala, que acabo de exponer; y otro importante, que la sentencia da respuesta a todos esos argumentos. En mi opinión una respuesta que debería producir sonrojo para quienes los han defendido.
9. ¿Cuál ha sido la reacción de tu cliente ante las vicisitudes de todo su proceso?
Cuando hable con él la ultima vez, ni siquiera conocía la Sentencia del Supremo. Le he visitado ya en un centro penitenciario de Madrid y no entiende muy bien qué es lo que ha pasado. Y, claro, explicárselo desde el punto de vista técnico no es fácil porque, además, es extranjero. Pero lo cierto es que no se puede creer que vayamos a repetir el juicio entero y que vaya a poder revisarse la sentencia sin límite alguno, incluso con práctica de nueva prueba de descargo. Que vaya a tener una segunda oportunidad...
10.¿Qué facilidades deberían arbitrarse para la efectiva garantía del justiciable que se encuentra interno en un centro penitenciario?
En primer lugar el contacto telefónico a instancias del abogado, que hoy no es posible por disposición normativa y que, sobre todo en los grandes núcleos como Madrid, facilitaría mucho las cosas a los abogados y a sus clientes. Por lo que respecta a la entrevista personal, que es el caso al que nos referimos, no me corresponde a mí pronunciarme sobre este aspecto, pero es indudable que las normas reguladoras de la asistencia jurídica gratuita deberían contemplar una solución para esta cuestión. En cualquier caso es el Estado, por vía de su administración central o por vía de sus administraciones periféricas, quien tiene que contemplar la fórmula a emplear, bien sea mediante un sistema de destino de los presos que reciban defensa de oficio a la sede del tribunal; o bien mediante un sistema de dietas para los abogados que tengan que desplazarse de su propia sede a la del centro penitenciario donde esté el interno. Creo que no hay otras fórmulas, una u otra, o las dos combinadas, no se me ocurre otra fórmula.
11. Esta situación ¿afecta a todo el ámbito nacional o hay colegios que sí prevén medidas para facilitar esta comunicación y cuál es el sentir de otros compañeros ante esta dificultad para el efectivo ejercicio del derecho de defensa?
Creo que afecta a todo el territorio. Conozco muchos casos y he hablado con compañeros de otros colegios y desde luego la queja es la misma, que estas situaciones provocan una gran indefensión para los clientes.
12. Una vez dictada sentencia ¿en qué situación se encuentra el procedimiento?
La sentencia anula el procedimiento y ordena repetir el juicio ante otra Sección, advirtiendo además de que ha de estar compuesta por magistrados distintos. El segundo juicio se celebrará próximamente, porque además está a punto de cumplirse el plazo máximo de la prisión preventiva. Ya he recibido comunicación de la Audiencia para intentar agilizarlo, lo cual haremos desde luego, para intentar que la vista se señale con anterioridad al fin del plazo máximo de prisión provisional para que en la propia vista se pueda celebrar también la comparecencia del art. 505 LECrim..
13. ¿Este fallo ha tenido repercusiones entre los compañeros y abre camino a otras reclamaciones?
Sobre todo esperemos que haya un segundo pronunciamiento del Tribunal Supremo que siente jurisprudencia. A los pocos días de publicarse la sentencia, saltó a los medios de comunicación, y ya me llamó un compañero de otra provincia que había solicitado lo mismo que yo y la Audiencia se lo había denegado y me pedía el texto de la sentencia para utilizarlo en el recurso correspondiente.
Creo que esta sentencia va a tener una gran trascendencia a medio plazo, que puede ser incluso revolucionaria, en el mejor sentido del término. He de decir que me ha sorprendido el Tribunal Supremo, desde luego muy gratamente, pues la sentencia es bastante contundente en el sentido de que no deja sitio a la duda.
En otros aspectos esta sentencia supone un elemento más para que el mundo jurídico constate que los abogados de oficio intentamos hacer las cosas lo mejor posible; que somos leales colaboradores de la Justicia como valor porque si algo no perseguimos es nuestro beneficio personal; que no escatimamos esfuerzos; y que merece la pena contar con nosotros.
14.Qué imagen cree que tiene el Turno de Oficio tanto para las instituciones judiciales implicadas en el proceso como para el cliente? ¿Ha tenido alguna vez sensación de que al abogado de oficio se le considera menos profesional o experto?
A veces puede parecer que algún tribunal no te tiene la debida consideración. Yo en este caso tuve esa sensación, que seguramente sería una sensación sin fundamento, porque no es menos cierto que eso desde luego no es lo normal. Yo mismo he recibido también en otras ocasiones un trato especialmente deferente, precisamente por ser de Oficio. Hasta en una ocasión una sentencia se ocupaba expresamente de poner de manifiesto y reconocer el esfuerzo que yo había realizado en la defensa, a pesar de lo cual condenaba desestimando mis posiciones, pero lo señalaba el juez de manera expresa.
Sé que en algunos órganos judiciales los abogados no recibimos el trato adecuado, pero creo que eso no tiene nada que ver con que seamos de Oficio o de pago.
Respecto a los clientes sí. Se da desde luego con frecuencia el caso de un cliente que te dice: «yo quiero que me lleve usted el asunto porque no quiero un abogado de oficio». Yo normalmente me callo, pero algunas veces no puedo resistirme y le respondo: «no hay abogados de oficio y abogados particulares, sino abogados que actúan de oficio y que actúan particularmente; si me hubiera correspondido su defensa de Oficio, le defendería con el mismo entusiasmo que voy a poner ahora».
15. Tras las últimas movilizaciones de abogados de oficio de algunos colegios como Madrid en reclamación del pago de honorarios profesionales ¿qué diría que queda por avanzar en esta materia para que la labor de la verdadera defensa del justiciable sea más certera?
Queda mucho camino por recorrer. Creo que los abogados del Turno de Oficio soportamos un volumen de trabajo importantísimo que no nos corresponde. Se comienza por exigirnos que nos encarguemos de cumplimentar las solicitudes de asistencia gratuita de cada justiciable, se nos somete a un auténtico calvario luego para justificar las actuaciones, a veces tenemos que repetir tramites varias veces para que al final te paguen con meses de retraso y en ocasiones cantidades verdaderamente ridículas; y se usa con nosotros un rigor que la Administración no usa consigo misma.
Creo que en relación con esto la justificación de nuestro trabajo debería ser competencia de la propia Administración porque al fin y al cabo existe un derecho del administrado a no aportar documentos que ya constan en los registros administrativos. No tiene sentido que yo actúe en un juicio, y luego le tenga que acreditar a la propia Administración que he estado en ese juicio, cuando eso consta en el acta y en la propia sentencia. Desde luego esto no cabe en el mundo de las nuevas tecnologías en el que vivimos.
Por otra parte, existen en la actualidad otros problemas de mayor calado; por ejemplo, con los profesionales colaboradores, los intérpretes, los peritos etc. a los que el abogado de oficio no tiene acceso para preparar su actuación.
Pero dicho esto, también ha de decirse que la Administración puede y debe fiscalizar la calidad del trabajo que prestamos; es decir, no es justo que se retribuya a todos por igual, ni que se retribuyan todos los asuntos del mismo tipo por igual, cuando unos requieren un esfuerzo enorme y otros un esfuerzo mucho menor. La Administración en general, la Estatal o la Autonómica, debería tener esto en consideración y crear las herramientas precisas para asegurarse de que todos y cada uno de los abogados prestamos el servicio con la calidad que el ciudadano merece, y retribuirlo en consecuencia.

No hay comentarios: