martes, 24 de marzo de 2009

EL HONOR DE LOS FALLECIDOS. ¿ACCIÓN CIVIL O PENAL?

Conforme al artículo 18.1 de la Constitución, los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen tienen el rango de fundamentales, y hasta tal punto aparecen realzados en el texto constitucional que el artículo 20.4 dispone que el respeto de tales derechos constituya un límite al ejercicio de las libertades de expresión que el propio precepto reconoce y protege con el mismo carácter de fundamentales. Dicho precepto ha sido desarrollado por la LO 1/1982 , del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen

Establece el artículo 1 de la misma, la protección civil de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen frente a todo género de injerencia o intromisiones ilegítimas. Pero no puede ignorar que algunos de esos derechos gozan o previsiblemente gozarán de una protección penal. Así ocurre con el derecho al honor, amparado por las prescripciones contenidas en el Libro II, Título X, del vigente Código Penal, y con determinados aspectos del derecho a la intimidad personal y familiar que son objeto de una protección de esa naturaleza en el vigente Código Penal

Uno de los grande problemas que reviste la protección de este tipo de derechos es el de las múltiples vías procesales que se han ido sucediendo para la defensa de los mismos, por emanar las respectivas acciones de normas cuya naturaleza es tanto penal (delitos de injuria, actual art. 205 CP, y calumnia, art. 208 CP) como civil (art. 1902 CC y L.O. 1/1982), y posteriormente también constitucional (art. 18 CE de 1978). Así pues, una primera cuestión consiste en averiguar si en esta específica materia opera o no la preferencia de la jurisdicción penal frente a la civil y, en concreto, si para poder invocar la norma del art. 7de la L.O. 1/1982, ante la jurisdicción civil es preciso agotar antes la vía penal o, si por el contrario, el interesado puede optar por una u otra vía; si pueden producirse problemas de caducidad de la acción civil, etc..

En lo que se refiere a la coexistencia de normas civiles y penales que pudiera obligar a seguir una u otra vía ante los Tribunales, ha quedado claro, tras la STS de 23 de marzo de 1987, que, salvo que se trate de actos contra un funcionario público, la injuria y la calumnia pertenecen a la clase de delitos perseguibles a instancia de parte, lo que en principio permite al ofendido elegir la acción (civil o penal) que ejercita.

Sin embargo, el texto de la Exposición de Motivos de la L.O. 1/1982 se presta a crear un cierto confusionismo al respecto, pues tras afirmar que la jurisdicción penal es preferente a la civil -lo que conduce a afirmar la prejudicialidad penal- establece que la responsabilidad civil derivada de delito se regirá por lo dispuesto en la L.O. 1/1982. Ello ha planteado dudas a la doctrina. Algunas de ellas son: si para la aplicación de la L.O. se requiere dolo o culpa en el comportamiento del agresor o si basta con un resultado objetivamente lesivo del honor del ofendido; si la omisión de la exceptio veritatis en el texto del art. 8 de la L.O. 1/1982 pudiera facilitar que se acudiera a un proceso civil para eludir el juego que en el ámbito penal (arts. 205, 207, 208 y 210 del Código Penal vigente) tiene esta excepción. A pesar de estas dudas, la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias han interpretado que el perjudicado puede optar por la vía penal o civil. Esta cuestión no solamente ha ocupado la atención de los Tribunales ordinarios, sino también la del Tribunal Constitucional (SSTC 77/2002 de 8 de abril, 241/1991, de 16 de diciembre), por otra parte, la reforma del art. 1.2 de la L.O. 1/1982 por la Disposición final 5ª del Código Penal, supuso la eliminación de la preferencia de la vía penal sobre la civil y así ha quedado claro que en el proceso civil de defensa de los derechos de la personalidad no existe cuestión prejudicial penal y el ofendido puede utilizar directamente la vía civil

En lo que se refiere a la protección del derecho que nos ocupa en personas no vivas, los artículos 4 al 6 de la Ley se contempla el supuesto de fallecimiento del titular del derecho lesionado. Las consecuencias del mismo se determinan según el momento en que la lesión se produjo. Aunque la muerte del sujeto de derecho extingue los derechos de la personalidad, la memoria de aquél constituye una prolongación de esta última que debe también ser tutelada por el Derecho, por ello se atribuye la protección en el caso de que la lesión se hubiera producido después del fallecimiento de una persona a quien ésta hubiera designado en su testamento; en defecto de ella a los parientes supervivientes, y, en último término, al Ministerio Fiscal con una limitación temporal (80 años desde el fallecimiento). En el caso de que la lesión tenga lugar antes del fallecimiento sin que el titular del derecho lesionado ejerciera las acciones reconocidas en la ley, sólo subsistirán éstas si no hubieran podido ser ejercitadas por aquél o por su representante legal, pues si se pudo ejercitarlas y no se hizo existe una fundada presunción de que los actos que objetivamente pudieran constituir lesiones no merecieron esa consideración a los ojos del perjudicado o su representante legal. En cambio, la acción ya entablada sí será transmisible porque en este caso existe una expectativa de derecho a la indemnización.

¿Pero, cabe acción penal en caso de lesión del derecho al honor de un fallecido?

Pese a que así lo haya sostenido una parte de la doctrina y la jurisprudencia (p. ej. en la STS de 3-2-1984), no pueden ser sujetos pasivos del delito de injuria o calumnia las personas ya fallecidas. El art. 466 CP 73, según el cual “podrían ejercitar la acción de calumnia o injuria los ascendientes, descendientes, cónyuge y hermanos del agraviado difunto, siempre que la calumnia o injuria trascendiere a ellos, y en todo caso el heredero” fue considerado por algunos como un argumento en favor de la inclusión en el delito de injuria de los atentados contra el honor de los difuntos.

En cualquier caso tal precepto no se mantiene en el CP 95 y falta en él cualquier otra previsión en la que se pudiese apoyar la extensión de la protección penal del honor a las personas ya fallecidas. En el ámbito penal sólo resultan punibles aquellas conductas contrarias al respeto debido a los difuntos que se sancionan en el art. 526 CP 95 (violación de sepulcros, profanación de cadáveres y otros comportamientos semejantes). En el ámbito civil, en cambio, la Ley Orgánica 1/1982, tutela el honor de las personas ya fallecidas dentro de ciertos límites temporales. La Exposición de Motivos de esa Ley Orgánica justifica tal criterio diciendo que “aunque la muerte del sujeto de derecho extingue los derechos de la personalidad, la memoria de aquél constituye una prolongación de esta última que debe ser también tutelada por el Derecho”.


ECAMTRU

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